Waldemar Cerrón y sus 13 proyectos que pretenden debilitar el sistema de justicia tras fuga de su hermano

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, ha impulsado 13 proyectos que buscan debilitar el sistema de justicia desde que su hermano pasó a la clandestinidad para no cumplir con una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión por el Caso Aeródromo Wanka.

Las iniciativas han sido presentadas entre octubre del 2023 y agosto de este año y han sido derivadas, en su mayoría, a la Comisión de Justicia, que preside Perú Libre [ver recuadro].

La más reciente propone la creación de una comisión parlamentaria que se dedique a examinar el trabajo de jueces y fiscales. Esta generó el rechazo del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, congresistas y especialistas, que la calificaron de inconstitucional y antidemocrática.

Cerrón inició su agenda contra el sistema de justicia el 20 de octubre del año pasado, dos semanas después de que la condena de su hermano Vladimir por el delito de colusión fuera ratificada en segunda instancia.

En esa fecha, el congresista de Perú Libre presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea regular el proceso de nombramiento de jueces y fiscales. El dictamen de esta propuesta obtuvo la luz verde de la Comisión de Constitución en junio último y deberá ser debatida y votada por el pleno del Parlamento.

Un mes después, el congresista de Perú Libre impulsó la propuesta que busca facultar a la policía para dirigir la investigación preliminar de los delitos. Esta iniciativa- que ha sido ampliamente cuestionada- acaba de ser aprobada en primera votación por el pleno del Parlamento.

En lo que va del 2024, el hermano del prófugo líder perulibrista ha promovido once proyectos de ley entre los cuales se encuentra el que plantea modificaciones a la figura de la detención preliminar.

En otra iniciativa legislativa, Cerrón busca que se pueda denunciar a jueces y fiscales por el delito de prevaricato en cualquier jurisdicción a nivel nacional. Actualmente, en el criterio prima el lugar donde se produjeron los hechos.

El delito de prevaricato cuestiona la actuación misma de un magistrado. Es aquel que se le atribuye a un fiscal o juez por haber dictado una resolución o dictamen contrarios al texto expreso de una ley, citando pruebas inexistentes o hechos falsos o apoyándose en leyes ya derogadas. Las penas van entre los tres y cinco años de pena privativa de la libertad.

También está la propuesta para modificar la figura de colusión simple, agravada y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Lo que plantea el segundo vicepresidente del Congreso es que se precise que el funcionario solo ha cometido delito si ha participado “directamente” de la acción o ha “tomado la decisión final”. Actualmente, se considera delito si los servidores están implicados de forma directa o indirecta.

En tanto, Caro, opinó que estos proyectos reflejan la existencia de una “agenda propia de Cerrón y su bancada con la finalidad de favorecer” a su líder.

“Busca favorecerlo en los procesos que está investigado y en los que está condenado. Está buscando espacios donde pueda ganar tanto en la parte procesal, como material. Y también amedrentar a los jueces”, aseveró.

“Para mí es una instrumentalización de la justicia para fines personales”, subrayó.

Caro añadió que le parece sumamente peligroso el proyecto para fiscalizar a magistrados, así como el que pretende cambiar la norma para la carrera fiscal y judicial y las modificaciones en los delitos de colusión y negociación incompatible.

“Esta última es aplicable como anillo al dedo al caso de su hermano […] No descartaría que el propio Vladimir Cerrón esté detrás de estos proyectos”.

Finalmente, advirtió que estos proyectos tendrán impacto en las investigaciones por corrupción a altos funcionarios.