International Corporate Law News (ICLN) I Edición N° 14

I. Editorial

Ley N° 32077, la cual busca facilitar la integración de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en los procesos de contratación pública en Perú, específicamente dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA).

El 02 de julio de 2024, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 32077, la cual tiene como objetivo principal facilitar la integración de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en los procesos de contratación pública en Perú, específicamente dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA).

La mencionada ley tiene como propósito promover y respaldar las inversiones en MYPE mediante la implementación de un método alternativo para asegurar el cumplimiento en los procesos de contratación pública.

Asimismo, está dirigida exclusivamente a las MYPE en los procedimientos de selección convocados por entidades públicas bajo los regímenes de contratación del SNA.

Adicionalmente, establece un medio alternativo de garantías, el mismo que consiste en:

• Las entidades públicas tienen la facultad de permitir que las MYPE adjudicatarias de contratos, según la legislación vigente, opten por retener el monto total de la garantía correspondiente como alternativa a la presentación de otras garantías de cumplimiento (como las de fiel cumplimiento).
• Esta autorización puede aplicarse retrospectivamente a procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigor de la ley, bajo ciertas condiciones específicas descritas en los puntos a) y b).
• Esta disposición aplica a contratos de suministro de bienes, servicios, consultorías y obras de ejecución periódica, siempre que cumplan con requisitos específicos de plazo y periodicidad de pagos.
• La retención del monto se lleva a cabo durante la ejecución del contrato y se devuelve de modo prorrateado en cada pago realizado al contratista al finalizar el mismo.

En resumen, esta ley tiene como finalidad facilitar la participación activa de las micro y pequeñas empresas en contrataciones públicas, ofreciéndoles una alternativa viable para cumplir con las garantías requeridas. Así, se promueve su integración efectiva en el Sistema Nacional de Abastecimiento, contribuyendo al dinamismo económico mediante estas inversiones estratégicas.