La primera sentencia condenatoria dictada contra una empresa peruana en el marco de la Ley N.° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ha sido anulada.
Se trata del caso de la empresa Alpha Consult, condenada en primera instancia y cuya sentencia fue dejada sin efecto por la Tercera Sala Penal Nacional, mediante resolución de segunda instancia del 8 de septiembre de 2026.
La decisión resulta especialmente relevante para las empresas que cuentan con modelos de prevención y programas de cumplimiento, pues desarrolla criterios sobre cómo debe imputarse y acreditarse la responsabilidad de la persona jurídica bajo la Ley N.° 30424.
¿Qué criterios llevaron a la Sala a anular la condena? ¿Y qué lecciones deja esta decisión para la defensa penal corporativa?
Estas son cinco claves.
1. La Ley N.° 30424 no es retroactiva.
Los hechos imputados a Alpha Consult correspondían al periodo 2010-2018, mientras que la Ley N.° 30424 recién entró en vigor el 1 de enero de 2018.
Como explica Dino Carlos Caro Coria, socio fundador y CEO de Caro & Asociados, aplicar esta norma a conductas anteriores vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal. Este fue uno de los principales fundamentos para anular la sentencia condenatoria.
2. La responsabilidad de la empresa no se transfiere, se prueba.
El artículo 4 de la Ley N.° 30424 establece un régimen de responsabilidad autónoma de la persona jurídica, por hechos propios de la organización.
En consecuencia, acreditar el delito cometido por un director, gerente o representante de la empresa no equivale a acreditar la responsabilidad de la organización: el Ministerio Público debe probar, además, elementos adicionales respecto a la propia persona jurídica.
3. El defecto de organización no es una etiqueta, debe probarse.
El defecto organizativo, la falla en el sistema de prevención de la empresa, es el elemento central para imputar responsabilidad penal a la persona jurídica. La Sala precisa que se trata de un elemento que debe ser imputado y acreditado durante el proceso.
Uno de los votos plantea, para ello, un test de cinco preguntas que debería sustentar cualquier imputación contra una empresa:
Este test se apoya en la jurisprudencia de la Casación N.° 864-2017/Nacional, el Acuerdo Plenario N.° 7-2009/CJ-116 y en pronunciamientos del Tribunal Supremo de España, entre ellos las sentencias N.° 221/2016 y N.° 894/2022.
4. El compliance se juzga por sus controles, no por una certificación
Alpha Consult contaba con la certificación ISO 37001 del 2016. En primera instancia, esto fue considerado insuficiente para exonerar a la empresa, al calificarse el caso como agravado.
Para la Sala, sin embargo, es necesario examinar el contenido material del sistema de prevención, incluyendo la debida diligencia, los protocolos financieros, la segregación de funciones, las aprobaciones internas, los canales de reporte y la gestión de terceros.
Se añade, además, un criterio relevante: el programa de cumplimiento sirve para eximir o atenuar la responsabilidad penal, nunca para imputarla.
5. La defensa corporativa es procesal y se construye desde la formalización de la investigación
La Sala determinó que Alpha Consult fue investigada en el 2019 bajo el artículo 105 del Código Penal, referido a las consecuencias accesorias, pero finalmente fue acusada en el 2022 en el marco de la Ley N.° 30424.
En ese sentido, no resulta posible formalizar una investigación bajo una norma y sostener la acusación bajo otra que no fue imputada en la etapa preparatoria, pues ello vulnera el principio de congruencia. A esto se suma que, en el caso concreto, no se cumplieron los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 18 de la ley.
La anulación no cierra el debate sobre la responsabilidad penal corporativa
Según Dino Carlos Caro Coria, uno de los principales puntos que una empresa debería considerar frente a este precedente es que la anulación de la primera condena bajo la Ley N.° 30424 no significa la ausencia de criterios claros sobre cómo imputar responsabilidad a la persona jurídica.
La sentencia deja establecido, entre otros criterios, que:
En consecuencia, contar con un programa de cumplimiento no equivale a estar exento de responsabilidad penal.
¿Tu empresa conoce los criterios que la fiscalía deberá acreditar frente a este precedente?
Si tu empresa cuenta con un programa de cumplimiento penal o está por enfrentar una investigación, es recomendable verificar si los controles internos responden al test de cinco preguntas desarrollado por la Sala y si el sistema de prevención cuenta con sustento documentado más allá de una certificación.
Una revisión oportuna permite identificar brechas en el modelo de prevención, verificar la trazabilidad de los controles y fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual investigación.
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