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El abogado Dino Carlos Caro Coria cuestionó el enfoque de las investigaciones penales en torno a las fallas registradas durante las elecciones generales 2026, al considerar que las imputaciones actuales contra funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. estarían limitándose a aspectos secundarios del caso.
Según explicó, las investigaciones se han centrado en presuntos delitos como omisión de funciones, atentado contra el derecho de sufragio y obstaculización del acto electoral, vinculados principalmente a las consecuencias de los problemas logísticos. No obstante, sostuvo que el punto clave radica en la etapa previa: el proceso de contratación de la empresa encargada del traslado del material electoral.
Caro Coria advirtió que la selección de Galaga como proveedor habría carecido de una debida diligencia mínima, al tratarse —según indicó— de una empresa sin capacidad operativa comprobada para asumir un encargo de tal magnitud. En ese sentido, cuestionó que no se haya evaluado adecuadamente su infraestructura ni sus antecedentes antes de adjudicarle el servicio.