¿Qué reglas estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 04106-2022-PHD/TC para determinar qué no constituye información pública?

¿Qué reglas estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 04106-2022-PHD/TC para determinar qué no constituye información pública?

En la Sentencia 125/2025 recaída en el expediente 04106-2022-PHD/TC, el Tribunal Constitucional resolvió el Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por José Wílmer Fuentes Ruiz contra Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), fijando reglas claras sobre qué información debe entregarse y cuál no constituye información pública bajo los estándares del artículo 2 de la Constitución y la Ley de Transparencia.

¿Cuál fue el caso?

El recurrente solicitó al SISOL la entrega de más de quince documentos vinculados a su actividad laboral, incluyendo correos electrónicos que justificarían observaciones en su contra, así como información detallada sobre los puntajes asignados en un proceso de contratación administrativa de servicios (Convocatoria CAS). La demanda de Habeas data llegó a manos del Tribunal Constitucional.

¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional?

✅ Reafirmó que la información pública se presume pública. El Estado no puede denegar su entrega de forma arbitraria ni ampararse en una supuesta confidencialidad sin una debida motivación.

✅ Cuando exista una razón legítima para restringir el acceso —como la protección de la intimidad personal—, la entidad debe sustentar su decisión con argumentos claros y razonados, conforme a los límites establecidos por la ley.

✅ El solicitante no está obligado a justificar el motivo de su requerimiento. El derecho de acceso a la información es autónomo y no requiere expresión de causa.

✅ En consecuencia, el principio general es la transparencia; mientras que la reserva o confidencialidad constituye una excepción, sujeta a interpretación restrictiva y a prueba de legalidad.

Siendo ello así, la ciudadanía tiene el derecho de conocer la aptitud profesional de los funcionarios y servidores públicos a cargo del aparato estatal, lo que, a su vez, permite que se efectivicen los criterios de transparencia y control ciudadano que priman en el marco de una democracia constitucional.

Asimismo, el TC estableció doctrina jurisprudencial vinculante, fijando cuatro reglas según las cuales, no son información pública (fundamento 29):

• Los borradores, textos o notas en desarrollo, apuntes preliminares o similares utilizados en el sector público, en cualquier soporte en el que se encuentren.
• Los borradores, textos o notas en desarrollo, apuntes preliminares, actas, audios y videos, así como opiniones jurídicas especializadas no vinculantes o similares, utilizados en el proceso deliberativo de los órganos unipersonales o colegiados que administran justicia y del Ministerio Público, cualquiera sea el soporte en el que se encuentren.
• Los correos electrónicos institucionales proporcionados por el Estado a sus funcionarios y servidores públicos, cuando el contenido de los mensajes almacenados no sea de carácter oficial.
• Los números telefónicos de celulares de uso personal, ni los entregados por la entidad para la que labora el funcionario o servidor público, así como la placa de rodaje de los vehículos de las entidades públicas, mientras dure su uso oficial por el usuario. De igual manera, los números de celular del personal de seguridad asignado a los funcionarios tampoco podrá solicitarse, en tanto es información que compromete la seguridad de estos y de las personas asignadas a su resguardo.

¿Por qué es importante para el sector minero?

Las empresas mineras suelen solicitar información pública para:

• Identificar irregularidades en fiscalizaciones.
• Defenderse en procedimientos administrativos o judiciales.
• Evaluar la idoneidad de los funcionarios públicos.

Conclusión:

➡️ El Tribunal Constitucional reafirma el derecho de acceso a la información pública como un pilar de la transparencia y el control ciudadano.

➡️Esta sentencia establece que el acceso a la información pública se refiere “a todo documento en custodia del Estado que no sea un borrador o preliminar. El Estado tiene la obligación de disponer la custodia y publicidad de dicha información”.