Resumen Decreto Supremo N° 006-2025-EM

Mediante Decreto Supremo N° 006-2025-EM (DS), publicado el 19 de marzo de 2025 en el diario oficial El Peruano, se modificó el Reglamento para el Cierre de Minas.

Más que un resumen normativo, discutamos las implicancias en la institución propiamente jurídica.

• El Plan de Cierre de Minas (“PCM”) es un instrumento de gestión ambiental de rehabilitación. Así, busca prevenir, minimizar y controlar los riesgos y efectos sobre la salud, la seguridad de las personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad, que pudieran derivarse del cese de las operaciones de una unidad minera.
• Con la modificación del Reglamento para el Cierre de Minas, se ha dispuesto que las medidas de cierre progresivo para componentes mineros principales (depósito de relaves, depósito de desmontes, pilas de lixiviación, tajos y labores subterráneas) estén sujetas al establecimiento de garantías, que se sumará a los montos presupuestos para las actividades de cierre final y post cierre.
• Esta disposición aplicaría de inmediato para unidades nuevas mientras que, para unidades en operación, se tiene un plazo de 3 años para modificar y/o actualizar el cuadro de garantías incluyendo los componentes principales de cierre progresivo.
• La garantía (financiera) es un factor fundamental para el PCM. El nuevo DS sugiere una metodología interesante que permite reajustarla periódicamente.
• Cuando se modifique el EIA, debe presentarse la modificación del PCM durante el año siguiente. Esa oportunidad debería tomarse para actualizar dicho instrumento.
• La suspensión de la ejecución del PCM puede ser comunicada, debidamente sustentada, al OEFA y al OSINERGMIN, por un plazo no mayor a 1 año, no pudiendo ser consecutivos, y no pudiendo superar los 3 años durante la vida útil. Ello sin perjuicio que el plazo de suspensión o paralización de operaciones pueda ser hasta 5 años, pues éste no afecta el cumplimiento del PCM.
• La intervención de OEFA es importante, ya que el PCM no deja de ser un instrumento de gestión ambiental y como tal merece supervisión por el ente fiscalizador, de forma independiente al Ministerio de Energía y Minas.
• Nueva metodología para el reporte, informe de diagnóstico en el marco de la actualización cada 5 años y otros asuntos más.
• • La crítica está en el rol de los Gobiernos Regionales. Nos cuesta mucho, al parecer, advertir que la cantidad de mineros artesanales y pequeños productores excede los recursos de los GGRR.
  • Los directores y/o los accionistas mayoritarios de la persona jurídica, bajo cuya gestión se da el incumplimiento del PCM y respecto de los cuales se determina su responsabilidad en la acción u omisión que genera dicho incumplimiento, que ocasione un daño real al ambiente, asumen responsabilidad solidaria por las sanciones administrativas y civiles que deriven del incumplimiento o abandono.

  Ciertamente, siempre esperamos más y no hay nada de malo en ello. Mi humilde aporte es que se debió incorporar aspectos de compliance y de índole social.

  El compliance influye de manera decisiva en la elaboración y ejecución de planes de cierre de minas, al establecer estándares claros para el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Además, fomenta la aplicación de buenas prácticas en el sector, que refuerzan las relaciones con las comunidades y garantizar la protección al medio ambiente, fortaleciendo la sostenibilidad de las operaciones.

   

  Dr. Diego San Martín Villaverde

  Director del Área de Derecho Minero

  Caro & Asociados