Ley que modifica el crimen organizado: ¿cómo afecta a los casos ‘Cocteles’ y ‘Waykis en la sombra’?

Pese a los cuestionamientos y pronunciamientos de diversas instituciones, como el Ministerio Público, el Congreso de la República promulgó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la ley que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado.

Esto, luego de que el gobierno de Dina Boluarte decidiera no observar la referida norma.

La ley, que fue aprobada en segunda votación en la Comisión Permanente el pasado 4 de julio, precisa que se considerará como organización criminal a todo grupo “con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, conformado por tres o más personas que, que de manera concertada y coordinada se reparten roles para la comisión de delitos sancionados con más de seis años de cárcel.

Además, en el texto se estipula que la Fiscalía no podrá solicitar al Poder Judicial el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a ingresos pensionarios y o relacionadas con bienes y activos de partidos políticos.

Respecto a los allanamientos a las viviendas y/u otro bien inmueble, se estableció que este procedimiento se realizará con presencia del investigado y de su abogado. En caso de no contar con este último, se le proporcionará uno de oficio.

Como era de esperarse, esta ley tendrá una implicancia directa en los procesos e investigaciones que se encuentran en curso. Es por eso que la Junta de Fiscales Supremos anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular la norma en mención.

De todas los casos emblemáticos, en este momento hay dos que tienen todos los reflectores encima. Se trata de los casos ‘Cocteles’, que se encuentra en etapa de juicio oral, y ‘Los Waykis en la sombra’, cuyos presuntos integrantes, entre ellos, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, afrontan una orden de prisión preventiva que deberá ser resuelta este miércoles.

Caso Cocteles

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional lleva adelante el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y otras 46 personas por el caso ‘Cocteles’.

A todos ellos se les imputa los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia agravado y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Fujimori enfrenta un pedido de 30 años y 10 meses de prisión efectiva, así como una inhabilitación de 15 años y 5 meses y el pago de 730 días multa.

La misma pena se solicitó para los seis integrantes de la ‘cúpula’ de la presunta organización criminal enquistada en FP. Estos son: Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona.

En diálogo con Gestión, el abogado penalista Carlos Caro indicó que los abogados de los investigados tienen todas las prerrogativas para solicitar ante el tribunal que el Equipo Especial Lava Jato reformule su acusación en base a los lineamientos de esta norma.

“Hay que recordar que la teoría fiscal es que Fuerza Popular es un partido que tiene una cúpula enquistada en el poder y esa cúpula es la organización criminal. Desde esa perspectiva, el fiscal tendría que probar que esa organización criminal de la cual él habla tiene los requisitos de para ser una organización criminal bajo los efectos de la nueva ley. Entonces, para ello el fiscal tendría que fundamentar estos cinco elementos nuevos que se mencionan en la norma”, acotó.

En ese sentido, Caro remarcó que desde la Fiscalía no tendrían otra opción que mejorar su acusación, lo que debilitaría aún más el caso Cocteles.

Para el abogado penalista Andy Carrión, la acusación presentada por la Fiscalía en el caso Cocteles ya no puede ser corregida debido a que nos encontramos en pleno juicio oral.

Explicó a este diario que lo que corresponde es que los abogados de los investigados soliciten al juzgado que los procesos por organización criminal que pesan en contra de sus clientes sean archivados ya que no reunirían los requisitos exigidos en la nueva norma; sin embargo, sostuvo que los jueces optarán por tomar su decisión en la etapa final del juicio oral.