Dino Carlos Caro Coria para diario Gestión
, 3 de julio de 2024Tras casi 10 años se inicia el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular. Son más de 40 implicados y miles de archivos que la fiscalía tiene bajo su poder como parte de las investigaciones. Los cargos incluyen delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.
Este lunes 1 de julio, comienzó el juicio oral contra Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, por el caso conocido como “Los Cocteles”. La hija del exmandatario Alberto Fujimori se enfrenta a un juicio junto a otros 45 acusados, en un proceso que estará a cargo de los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
El juicio se realizó de manera presencial, y los cargos en su contra incluyen delitos de organización criminal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.
Cabe mencionar que este caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en Perú. Se espera que este proceso arroje luz sobre el financiamiento de campañas políticas y la posible existencia de redes de lavado de dinero.
Es importante tener en cuenta que este juicio incluye varios hechos relevantes que ayudarán a esclarecer las presuntas imputaciones. A continuación, presentamos cinco puntos clave de este proceso contra la exaspirante presidencial.
¿Cuánto dudará el proceso judicial contra Keiko Fujimori?
Gestión dialogó con el abogado penalista Carlos Caro, que evaluó este proceso oral, teniendo en cuenta que son más de 45 involucrados y miles de archivos que presentará la fiscalía como parte acusatoria a la ex aspirante a la presidencia.
“Estimo que puede durar tres años a más porque este juicio oral está a cargo de la misma sala que está investigando el caso del expresidente Ollanta Humala y a pesar de que es un caso más pequeño y hay menos imputados, lleva dos años en proceso”, señaló.
“Ahora imaginemos el caso de la señora Fujimori, que tiene cerca de 48 imputados. Son tres casos acumulados: el caso cócteles del 2016, los aportes de campaña del 2011 y los aportes de Odebrecht”, agregó.
Para el abogado, esto es un caso que va a ayudar al esclarecimiento de cómo han sido financiados estas campañas y el papel que han jugado las empresas involucradas. Hay que tener en cuenta que la única ley que sanciona la financiación de partidos es la que se aprobó en el 2019 y todos estos casos son del 2016 hacia atrás.
“La importancia de este caso es crucial porque estamos ante una situación en la que el tribunal va a tener que decidir entre la inocencia o culpabilidad. La fiscalía tiene que probar que el dinero de aportes de campaña es un dinero maculado, no basta con decir los adjetivos, se tiene que probar que dicho dinero es de origen delictivo”, indicó.
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