La mujer ha recorrido un largo camino dentro del sector legal en los últimos tiempos y juega ya un papel muy destacado. Karolaym Herrera Esquivel, abogada asociada en la firma Caro & Asociados, nos cuenta, lo que más le inspira de su profesión, el significado de pertenecer a una firma que se especializa en la defensa de delitos de cuello blanco económico y empresarial; y para ella, como ha modificado la tecnología a la práctica legal.
¿Cuál es el aspecto que más te inspira de tu profesión?
Desde que tengo memoria, siempre quise ser abogada. Claro, cuando uno es joven, no conoce la trascendencia de la carrera ni las implicancias de lo que en estos tiempos significa ser abogada. En estos cortos años de ejercicio profesional, continúo con la misma ilusión y expectativas de mi juventud, pero con el conocimiento que me brinda la experiencia de estos años de litigio. La carrera de derecho es apasionante, vanguardista, moderna y sujeta a los constantes cambios que se producen en la sociedad; lo cual, exige al profesional del derecho una constante actualización de conocimientos. Particularmente, en el litigio penal, el escenario es aún más desafiante, por cuanto las controversias jurídicas no solo contienen un trasfondo patrimonial-económico, sino que trastocan la esfera personal íntima de la persona (prisión preventiva, medidas de coerción personal, etc.). Entonces, el abogado penalista debe estar preparado, por cuanto, a través de su buena/mala actuación en el proceso penal, en representación de los intereses del cliente, podrá obtener o no la tan ansiada justicia social.
Como mujer; ¿Qué significa pertenecer a una firma que se especializa en la defensa de delitos de cuello blanco económico y empresarial?
Pienso que el tema no debe abordarse desde la perspectiva de si se es mujer o no. El problema radica en ello; en que se crea necesario aún al día de hoy, llamar la atención sobre este asunto. En mi opinión personal, en la Firma en la que me desempeño no existe tal distingo. Hombres y mujeres somos iguales en el plano profesional. Pertenecer a una Firma de abogados especializada en la defensa de delitos económicos y empresariales es un desafío constante que asumo día a día con responsabilidad y compromiso sincero. Destaco la oportunidad que me brinda el Estudio de ampliar mis conocimientos y experiencia profesional a través de la delegación de diversos encargos profesionales que implican una alta rigurosidad académica y la aplicación de conocimientos prácticos adquiridos.
¿De qué manera ha modificado la tecnología a la práctica legal?
El COVID-19 ha acelerado lo que muchos conocemos como la cuarta revolución industrial y nuestro país no ha sido ajeno a este proceso. Con esto, se ha producido una expansión poco planificada y agresiva de los procesos de digitalización de las comunicaciones e interacción humana, los e-commerce, la educación online y el teletrabajo (remote work). Las nuevas tecnologías han impactado de especial manera la práctica legal, en la necesidad del Estado de garantizar a la población la continuidad de uno de los servicios básicos más vitales: la administración de justicia. Entre las acciones implementadas por el Ministerio Público, el Poder Judicial e instituciones afines se registran las conocidas audiencias virtuales, Mesa de Partes Electrónicas para la presentación de escritos, aplicativos de citas y/o entrevistas virtuales con jueces y/o fiscales, webs de seguimientos de casos, entre otros. Como aspectos positivos del impacto de las nuevas tecnologías en el sistema judicial destaco lo expeditivo, la eficiencia y la reducción de costos. Con el sistema de notificaciones virtuales, los sujetos procesales son notificados a sus correos electrónicos en tiempo real, permitiéndoseles a la vez la posibilidad del envío de escritos desde la comodidad de sus domicilios las 24 horas del día, sin restricción alguna. Además, es ecológico, pues se evita el uso de papel. Luego, considero que, la preocupación (principalmente, en el ámbito penal) se centra en la necesidad de contar con un expediente/carpeta fiscal digitalizado a disposición de las partes, por cuanto por motivos de la pandemia, este aspecto se encuentra muy restringido. Con esto, creo, se tendrían todas las condiciones para el ejercicio adecuado de la defensa. Por citar un aspecto negativo, me viene a la mente el concepto acotado por la World Economic Forum (WEF) en el Global Risk Report 2021 como “digital inequality” o “desigualdad digital”, concebido como uno de los riesgos con mayor probabilidad mundial (short-term risk). En mi opinión, la brecha digital es un riesgo que no ha sido considerado o no esta siendo suficientemente tratado por las autoridades, por cuanto muchos colaboradores que actualmente realizan trabajo remoto no cuentan con i) adecuados equipos (ordenadores potentes, conexión a internet estable), ii) conocimientos, habilidades (no han sido adecuadamente capacitados para el uso de las nuevas tecnologías), iii) diferencias culturales, etc. Se presentan también riesgos de ciberataques que se registran día a día en audiencias públicas virtuales, los fallos técnicos, entre otros. Entonces, considero que cualquier institución de la Administración Pública que administre justicia debe considerar dentro de su plan estratégico tecnológico la perspectiva de la desigualdad social-digital.