“La sanción está dirigida a las grandes empresas. Por ejemplo, las que importan al por mayor. Esto no está pensado para el minorista, sino para el mayorista que distorsiona la competencia mediante prácticas abusivas como los carteles de fijación de precios”. Dino Carlos Caro Coria comenta para el Diario Gestión, sobre la reciente norma aprobada por el Congreso de la República, que vuelve a incorporar como delito penal al “abuso de poder económico”, que fue derogado en el 2008 y que castiga con hasta seis años de cárcel a los empresarios que cometan este ilícito.

