Sentencias en espera
No es el momento para más allanamientos o prisiones preventivas. Los casos Lava Jato tienen cerca de cinco años, un plazo razonable para que los fiscales terminen las investigaciones, formulen acusaciones y lleven los casos a juicio. Los casos de aportes de campaña o pagos corruptos deben someterse al conocido test de priorización, se deben elegir los de mayor importancia y con acervo probatorio, y someterlos a las decisiones finales del Poder Judicial. Si los casos son, como parece ser en el mayoría de ellos, tan claros y suficientemente probados, existe una alta probabilidad de condena. Pero no todo está dicho, los casos más polémicos son los de financiación ilegal de partidos, como los de Humala y Heredia, Keiko Fujimori, entre otros. La imputación por lavado de activos demanda que la Fiscalía apruebe, por ejemplo, que los aportes de Odebrecht fueron con fondos de origen delictivo, no bastará con indicar que provienen de la «caja 2» o «caja de coimas», deberá probarse que los fondos de esa «caja» emanan de la comisión de delitos anteriores, contra la administración pública o fraude tributario. No estamos ante un camino fácil, los imputados y sus abogados harán uso de todos sus recursos para retrasar o evitar las potenciales condenas. Los jueces deben estar prevenidos y poner en valor los precedentes judiciales del caso Fujimori/Montesinos, los tribuna les solían declarar la inadmisibilidad de las maniobras dilatorias y llevar adelante los juzgamientos respectivos.