«Conocidos empresarios han aceptado que entregaron grandes sumas de dinero en efectivo para financiar las campañas de 2011 y 2016 de importantes partidos políticos. Algo que ya se sospechaba pero que sólo años después, y bajo la presión penal, se ha podido confirmar. Ello ha gatillado el debate sobre la potencial violación de las obligaciones de bancarización para la validez de esos registros contables, y más si se trata de empresas de la industria financiera. Lo que no se debate sin embargo es como prevenir el nuevo delito de financiación ilegal creado por la Ley N° 30997 y que regirá para las campañas de 2020 y 2021″.
Artículo de Dino Carlos Caro Coria: «Compliance Electoral», publicado en SEMANAeconómica (11.01.20).
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